La Procuraduría General de la Nación rechazó y condenó enérgicamente el ataque con explosivos lanzados mediante drones por grupos armados ilegales en una zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, hecho que cobró la vida de un niño de 10 años y dejó seis personas heridas, entre ellas una menor de apenas dos años que permanece en estado crítico.
El Ministerio Público expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, al tiempo que reiteró que ninguna acción armada puede poner en peligro la vida e integridad de niños, niñas, adolescentes y demás civiles. Asimismo, hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para fortalecer las labores de inteligencia y las operaciones de seguridad que permitan prevenir y contrarrestar este tipo de ataques, exigiendo el respeto al Derecho Internacional Humanitario y la protección efectiva de la población civil.