Explota escándalo internacional: Guatemala ordena arresto de la fiscal general Camargo y del embajador Iván Velásquez por caso Odebrecht
Por: Álvaro Castaño Silva – Diario del Caquetá
Una bomba judicial estalló en la esfera internacional tras conocerse que la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala emitió una orden de captura contra dos de las figuras más influyentes del aparato judicial colombiano: la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa y actual embajador ante el Vaticano, Iván Velásquez Gómez.
Ambos son acusados de participar en un supuesto entramado de corrupción vinculado al escándalo global de Odebrecht, específicamente durante su gestión como altos funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El expediente asegura que favorecieron a la multinacional brasileña, generando una pérdida para el Estado guatemalteco de más de 3.000 millones de quetzales, lo que equivale a $1,6 billones de pesos colombianos o cerca de 390 millones de dólares.
El impacto de la medida judicial ha sido inmediato y profundo. Nunca antes en la historia reciente se había ordenado la detención de una fiscal general en funciones por parte de otro país, menos aún en el marco de una cruzada contra la corrupción avalada por la ONU.
La decisión ha sido calificada por expertos como jurídicamente inviable e impulsada por sectores conservadores guatemaltecos que desde hace años buscan deslegitimar el trabajo de la CICIG, instancia que desmanteló más de 100 redes de corrupción en ese país. Tanto Camargo como Velásquez gozan de inmunidad internacional, según los acuerdos entre la ONU y el Estado guatemalteco.
Las repercusiones no se hicieron esperar. El Gobierno colombiano, a través de la Cancillería, rechazó la decisión calificándola como un “atentado contra la justicia internacional”. A su vez, el propio Gobierno guatemalteco, en cabeza del presidente Bernardo Arévalo, desautorizó públicamente la orden, señalando que carece de sustento legal y viola tratados internacionales vigentes.
“La orden de captura es jurídicamente inválida. Es parte de una persecución de los sectores corruptos que se vieron afectados por las investigaciones de la CICIG”, aseguró el abogado y exdirector del CTI, Julián Quintana.
La figura de Velásquez no es nueva en controversias políticas internacionales. En 2017 fue declarado “non grato” por el expresidente Jimmy Morales y en 2023 ya había sido blanco de una orden de captura fallida. Lo que sí es nuevo es que la actual fiscal general de Colombia sea arrastrada a este torbellino judicial por parte de una fiscalía extranjera, cuyos líderes están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por actos de corrupción.
Velásquez, por su parte, ha calificado la orden como una represalia de “sectores retardatarios y corruptos”, y defendió su gestión como jefe de la CICIG. Camargo, hasta el momento, no se ha pronunciado públicamente.
El epicentro de este conflicto es la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, quien ha sido sancionado por Estados Unidos como “actor corrupto y antidemocrático”. Curruchiche lideró la solicitud de orden de arresto, que también incluye a otros seis exfiscales guatemaltecos y a la exfiscal general Thelma Aldana.
A nivel internacional, el caso genera serias preocupaciones. Para muchos, se trata de un intento por criminalizar a quienes lideraron la lucha contra la corrupción en Centroamérica, una vendetta judicial que busca reescribir la historia de la CICIG y de paso, frenar cualquier intento de cooperación internacional futura en materia de justicia.
Con estas capturas, el aparato judicial guatemalteco —señalado por múltiples ONG como cooptado por redes mafiosas— se lanza en una ofensiva que pone en tensión las relaciones diplomáticas con Colombia, desafía los tratados internacionales y reabre el debate sobre la impunidad en América Latina.
Por ahora, la Interpol no ha confirmado si dará curso a la circular roja solicitada, y todo indica que Colombia no extraditará a sus funcionarios. Sin embargo, el eco de esta decisión podría retumbar en organismos multilaterales y en los despachos más altos de la diplomacia internacional.
¿Justicia o persecución? La historia aún se está escribiendo.