DIARIO DEL CAQUETÁ, El periódico de los Caqueteños
Esta semana, se radicó un proyecto de ley para reducir el Congreso en un 50%, con el objetivo de que el capital ahorrado sea invertido en contribuir con la reactivación de la economía. Según los cálculos del representante a la Cámara por el Centro Democrático Oscar Villamizar, cerca de 316.400 millones de pesos podrían destinarse a fortalecer el erario público si se aprueba esta ley. Aunque la iniciativa parece novedosa y beneficiosa para el país, proyectos similares se han caído en varias oportunidades por la falta de voluntad de los congresistas de votar en contra de sus intereses.
A través de una rueda de prensa realizada el pasado martes, la senadora Paloma Valencia esgrimió las razones por las que su partido radicó este proyecto. “Colombia tiene una deuda que supera el 64% del PBI, y por ende hay que reducir gastos, entre ellos, los del Estado”, puntualizó la representante del Centro Democrático. La reducción del sueldo para servidores públicos y la cadena perpetua para corruptos son otras de las propuestas que están incluidas en el proyecto de ley.
El tema de la reducción del tamaño del Congreso ha sido recurrente en el debate político de los últimos tiempos. No es la primera vez que se discute, pero paradójicamente las leyes vigentes lo que promueven hoy es lo contrario de lo que se pretende. La Cámara crece con el aumento de la población en las regiones y la ampliación de su representatividad. En 2003, un referendo ciudadano incluyó en una de sus preguntas la necesidad de reducir el tamaño del Congreso, pero se cayó junto a todo el referendo que no obtuvo los suficientes votos. En síntesis, es un asunto de vieja data que nunca prospera.
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